Editorial

Los capitales constitutivos representan una deuda que se clasifica como crédito fiscal. Se determina en una cantidad líquida para compensar al IMSS por las prestaciones en dinero o en especie otorgadas a un trabajador asegurado o a sus beneficiarios, debido al incumplimiento de las obligaciones del empleador. Estas obligaciones incluyen dar de alta a los trabajadores con al menos el salario mínimo, comunicar sus bajas, registrarlos con el salario real y mantener actualizada la información salarial.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la determinación de un capital constitutivo por parte del IMSS. Este capital es el monto en dinero que el IMSS debe cobrar a la empresa para cubrir las prestaciones otorgadas o debidas a un trabajador o sus familiares, en los casos en que el trabajador no haya sido registrado en el seguro social o haya sido registrado con un salario inferior al percibido realmente.

El objetivo no es sancionar al patrón, sino resarcir al IMSS por los recursos consumidos al prestar los beneficios legales a los trabajadores. Para garantizar el cumplimiento, la ley otorga a los capitales constitutivos el carácter de crédito fiscal, lo que implica sanciones, actualizaciones y recargos. Además, pueden ser exigidos y ejecutados mediante procedimientos como requerimientos de pago y embargos, afectando la opinión de cumplimiento emitida por el IMSS.

Las causas más comunes para la determinación de capitales constitutivos incluyen:

• No asegurar al trabajador o darlo de alta después de un siniestro, resultando en un capital constitutivo por prestaciones en dinero y en especie.

• Manifestar un salario inferior al real, resultando en un capital constitutivo por prestaciones en dinero.

Por estas razones, es vital contar con un asesor experimentado en materia laboral, fiscal y administrativa para guiar en el cumplimiento adecuado de las obligaciones laborales y evitar la determinación de capitales constitutivos.

El IMSS tiene un plazo de cinco años para imponer un capital constitutivo, contados a partir del conocimiento del hecho generador de la obligación. Este plazo está respaldado por el artículo 79 de la Ley del Seguro Social y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si el IMSS determina un capital constitutivo, el patrón tiene 15 días hábiles para pagar su monto. Si no se paga en este plazo, se causarán actualizaciones y recargos según el Código Fiscal de la Federación, y el crédito podrá ser cobrado por la autoridad mediante los medios legales previstos.

El patrón tiene derecho a defenderse ante cualquier ilegalidad cometida por la autoridad. Puede presentar un recurso de inconformidad ante el propio IMSS o un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es fundamental contar con la asesoría de abogados especializados en materia fiscal y administrativa para asegurar una defensa adecuada.

Comprender y cumplir con las obligaciones ante el IMSS es esencial para evitar la determinación de capitales constitutivos y las consecuencias asociadas. Contar con la asesoría adecuada puede marcar la diferencia en la gestión de las responsabilidades laborales y fiscales, protegiendo tanto al empleador como a los empleados.