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El dictamen busca armonizar la legislación laboral con la reforma política de 2014, la cual modificó la Constitución para establecer que la persona titular del Poder Ejecutivo comenzará sus funciones el 1 de octubre; Claudia Sheinbaum será la primera en iniciar su sexenio en esa fecha.

Desde su promulgación en 1970, la Ley Federal del Trabajo ha contemplado el día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal como descanso obligatorio para los trabajadores. Actualmente, la LFT indica que esa fecha es el 1 de diciembre, pues ese era el día estipulado por la Constitución antes de la reforma.

Si bien lo que se aprobará será el reconocimiento de una nueva fecha en la lista de los días de descanso obligatorio para la fuerza laboral, en términos prácticos no habrá más días libres.

¿Cuál es la relevancia? De acuerdo con el dictamen, la transmisión del Poder Ejecutivo o en términos coloquiales, el cambio de la banda presidencial, es “un momento de descanso, reflexión y preservación de la herencia cultural, cívica y política, para que la nación se una en torno a la celebración de la democracia y la estabilidad política, económica y social de México”. Por ello la importancia de armonizar la LFT.

De incluirse el 1 de octubre como día feriado para los trabajadores, en caso de que una persona labore ese día tendrán derecho a recibir su salario diario más un pago equivalente a un salario doble. En términos prácticos esto se traduce en un pago triple por el día.

“Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado”, indica la LFT.

Por otra parte, la legislación laboral contempla sanciones que van de 5,187 a 518,700 pesos por el incumplimiento relacionado a los pagos en los días de descanso.

La determinación de mover al 1 de octubre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal no fue una decisión al azar. La modificación se debe al plazo extenso que tenía México entre la elección presidencial y la toma de protesta de la persona ganadora.

Este fue quizá el factor más decisivo. Hasta la reforma constitucional, el país contaba con un plazo amplio (seis meses) entre la jornada electoral y el cambio presidencial. Por ejemplo, en economías como Hungría o Portugal, los mandatarios asumen funciones ocho días después de haber sido electos.

“La transición gubernamental era otro elemento que necesitaba ser reformado, pues su excesiva duración restaba eficacia a las acciones del gobierno entrante e impedía al presidente de la República incidir de manera decisiva en la confección del Presupuesto para su primer año de mandato”, indica un análisis del Gobierno Federal.

De esta manera, señala el documento informativo, el presidente entrante tendrá tiempo suficiente para formular y presentar su propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación. “Esto influye no solamente en la calidad de dichas propuestas, sino que permite que los legisladores cuenten con un mayor tiempo para analizarlas y discutirlas, así como garantizar un ejercicio presupuestal sin sobresaltos innecesarios”.

Con información de El Economista